La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló ha informado de la tramitación de diligencias y en su caso, apertura de expedientes informativos a 10 cargos públicos, que forman parte de un total de 233 casos cuya vacunación ha sido objeto de análisis por no ajustarse aparentemente a los grupos de riesgo correspondientes.
«De todos ellos -ha concretado Barceló-, un total de 171 casos están justificados por haberse administrado la primera dosis de vacunas ya reconstituidas a personas, bien del grupo siguiente o bien de grupos de riesgo justificados». «En cuanto a los 62 casos restantes, son los que se ha procedido a investigar con más detalle para depurar, en su caso, responsabilidades», ha destacado la titular de Sanidad.
Barceló ha precisado que ordenó, tanto a la Dirección General de Recursos Humanos como a Salud Pública, la apertura de expedientes informativos para saber, en el primer caso, si algún profesional de la Conselleria había cometido alguna irregularidad y, por otro, si habían sido vacunadas personas no pertenecientes a los grupos que les correspondía y si, de darse el caso, había alguna causa que justificara esta vacunación.
Según Barceló, de la información recabada hasta el momento, se desprende que «se pueden haber cometido irregularidades» y, «dada la trascendencia de este asunto y en aras de la trasparencia», ha avanzado algunos detalles «a expensas de que se sustancien varios de los expedientes que aún continúan abiertos».
Asimismo, la titular de Sanidad ha detallado que, desde la Dirección General de Recursos Humanos de Conselleria, en este momento hay abiertos 9 expedientes informativos, entre ellos los que ya están en fase de diligencias previas o aquellos en los que se ha solicitado una ampliación de información. «Todos ellos afectan a personal propio que haya podido intervenir en el proceso de vacunación y, al encontrarse en trámite, están sujetos a la privacidad y protección de datos correspondiente», ha puntualizado Barceló.
Diez casos de cargos públicos
Respecto a estas 62 personas que han recibido la vacuna sin corresponderles, la máxima responsable de la Sanidad valenciana ha referido también las condiciones en las que han ocurrido los hechos en los casos de 10 cargos públicos que, «por su especial relevancia y trascendencia, se consideran de interés general», ha precisado Ana Barceló.
En el caso de Ximo Coll Moll, alcalde de El Verger, y Carolina Vives Bolufer, alcaldesa de Els Poblets, se vacunaron juntos los dos el 8 de enero en el Centro de Salud El Verger por parte del personal del centro, y se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
En cuanto a Cristina Morera, en ese momento concejala de Servicios Sociales y Sanidad de Dénia, y alguno de sus familiares, fue vacunada el 12 de enero en la residencia Santa Lucía de Dènia y se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
Por lo que respecta a Jose Luis Cuesta Merino, en ese momento fiscal jefe de Castellón, fue vacunado en el centro de salud 9 de octubre, el 29 de enero se inician diligencias previas por parte de Recursos Humanos. Los responsables de la vacunación son la coordinadora de Enfermería de Atención Primaria y un enfermero. Y se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
Por su parte, Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río, y que, como alcalde, es también administrador de la residencia municipal, se vacuna en la residencia municipal, según alega, porque estaba en el listado de trabajadores y residentes facilitado por la residencia y autorizado por Salud Pública, donde él se incluye. Se encuentra abierto un expediente informativo en el Departamento de Salud de Castellón.
En cuanto a Francisco López López, alcalde de Rafelbunyol, la vacunación se produjo el día de inicio de la campaña en la primera residencia de la Comunitat Valenciana en la que se administraba la vacuna, motivo por el cual se invitó al alcalde y se le administró una dosis que sobró al final de la jornada. Se archiva el expediente por parte de Recursos Humanos. En esta línea, Barceló ha destacado que ha tenido este martes conocimiento del informe de Salud Pública de Valencia, donde se alega que no existía un protocolo. A este respecto, la consellera ha requerido a la directora general de Salud Pública para que le aporte información sobre el contenido de un informe del que, tal y como ha señalado no ha tenido conocimiento.
En el caso de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y diputado provincial, se vacuna el 6 de enero en la Residencia Savia La Nucía. Se presenta junto con el concejal de Sanidad en la residencia, sin tener autorización para ello e incumpliendo, por tanto, el protocolo previsto en los centros sociosanitarios, y sin figurar en los listados de vacunación. Y, a pesar de lo anterior, es vacunado por el personal de la residencia. Se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
Respecto a José Galiana, concejal de Sanidad de Orihuela, fue vacunado el 6 de enero en la residencia Las Espeñetas. Se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
En cuanto a Juan Bautista Roselló, diputado provincial responsable del Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo, se vacuna el 12 de enero en el mismo centro al estar incluido en el listado de trabajadores y residentes facilitado por la Diputación para su vacunación. Al estar incluido en el listado, se archiva el expediente por parte de Recursos Humanos.
Por último, en el caso de Àngel Ribés Bellés. alcalde de Benlloc (Departamento de salud de Castelló), se están investigando las circunstancias en que se ha producido la vacunación al aparecer esta persona en el listado facilitado por Salud Pública.
Tramitación de diligencias y, en su caso, apertura de expedientes
Respecto a estas personas, la titular de Sanidad ha informado que «se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso», así como también la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana.
Ana Barceló ha resaltado que «las posibles irregularidades, 62, cuando se llevan puestas más de 149.000 vacunas, un 0,041%, no empañan en ningún caso un proceso de vacunación que está transcurriendo con la más absoluta normalidad».
Segunda dosis: conclusiones del Comité de Bioética
Respecto al suministro o no de la segunda dosis de la vacuna a estas personas, la titular de Sanidad ha recordado que ordenó que «no se les suministrara en tanto se toma una decisión definitiva, valorando la trascendencia médica que pueda tener la decisión, si es que la tiene, y teniendo en cuenta la posición del Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana, a quien se consultó».
En este sentido, la responsable sanitaria ha informado que el Comité ha trasladado a su departamento sus primeras conclusiones en las que indica, que «la administración de esta segunda dosis a estas personas debería plantearse tan solo después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación. La recomendación es, en todo caso, vacunar a las 6 semanas de la primera dosis que, asegura el informe del Comité, es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de la vacuna Pfizer».
Según Barceló, el Comité también recomienda en su informe «que se tomen medidas de sanción o disciplinarias que, administrativa y políticamente correspondan, y que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno».
